
Este afán recaudatorio ha puesto a los Guardias Civiles en una situación límite dado que si quieren conservar y cobrar la productividad complementaria a su salario, que corresponde entre 200 y 500 euros, estos deben realizar al menos 50 denuncias al mes. Unas exigencias que han traicionado a la confianza ciudadana, que ve más ahora a la Guardia Civil como "una caja registradora" que como un elemento esencial para velar porque se cumplan las leyes.
En un intento desesperado por hacer colectivas y universales sus quejas, la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha elaborado un comunicado en donde expone punto por punto su malestar por la situación provocada por el RAI (Resumen de Actividades Individuales), la herramienta que valora la actividad de cada agente, a la que culpan directamente de fomentar una competencia insana así como de primar el número de multas de tráfico en lugar de dedicarse al control y vigilancia.
Extraido de: pyramidconsulting.es
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